¿Servirá la sangre de las abuelas?

Otra víctima del secuestro de recién nacidos por parte de la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) ha aparecido, esta vez en España. La desaparición forzosa y sistemática durante el terrorismo de Estado argentino supuso el secuestro de unas 30.000 personas. La barbarie no acabó ahí. Algunas de las mujeres desaparecidas estaban embarazadas en el momento del secuestro y sus bebés nacidos en cautiverio fueron entregados a familias afines al régimen. La Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo calcula que unas 500 personas, que ahora tienen alrededor de 40 años, fueron arrebatadas de sus familias y usurpadas de su identidad.

Norma Síntora conoció a Carlos Alberto Solsona cuando comenzaron a estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica. Tras varios años de amistad, formaron pareja en 1974. Militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), sus compañeros la conocían como “La Morocha”, “Raquel”, “Marta”, o “La Turca”. Después del golpe de Estado en Argentina en 1976, perseguidos por la represión y terrorismo de Estado, la pareja planeó exiliarse en España. Primero se iría Carlos y los esperaría allí. Norma se quedó con Marcos, el primer hijo de ambos, para dar a luz a su bebé en Argentina. Pensaban ponerle de nombre Soledad si era niña o Pablo si era niño.

El 21 de mayo de 1977 Norma fue secuestrada en la provincia de Buenos Aires cuando cursaba el octavo mes de embarazo junto con otra pareja de amigos. Los tres siguen desaparecidos. La hija de Norma y Carlos fue identificada ayer por la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo como la nieta 129 y presentada por la presidenta de la asociación Estela de Carlotto. “Somos lentas porque no queremos equivocarnos, ni con los genocidas, ni con los niños”, explica Carlotto.

En 2012 se recibieron informaciones “sobre una joven que había sido inscrita como hija propia por un matrimonio, la partida de nacimiento había sido firmada por un médico de la Policía Federal Argentina y el parto había ocurrido en el domicilio”, explicaban hoy en el comunicado la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo.

En un principio la mujer, de ahora 42 años, se negó a realizar las pruebas genéticas por lo que la Investigación fue derivada a la Unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. A través de representación diplomática se le dió facilidades para que acudiera al consulado argentino en España para hacerse las pruebas. Ante la reiterada negativa, se envió un exhorto a la Justicia española, quien también rechazó el allanamiento para verificar la identidad de la joven.

A través de un amigo, en el año 2017, se retomó el vínculo y la semana pasada se finalizó el trámite, con el equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos donde acudió voluntariamente a hacerse las pruebas de ADN. Para dar con la compatibilidad sanguínea se tomaron previamente muestras del padre, quien sobrevivió a la dictadura tras exiliarse, y de los abuelos maternos.

“Pedimos, como siempre que anunciamos una restitución, que se respeten los tiempos y la privacidad de las víctimas y sus familias para no obstaculizar este proceso tan sensible y delicado.”,

manifestó Carlotto durante el comunicado, junto con el anuncio de que la identidad de la mujer aún no se desvelaría para respetar su privacidad. El proceso de inserción con la famlia biólogica y aceptación de la familia apropiadora es psicológicamente muy complicado. “Con la alegría del nieto encontrado y con la tristeza de los que faltan: los buscamos para hacerlos libres, para que ellos elijan su vida”, remarca Carlotto.

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La asociación de las abuelas comenzó en 1977, con mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos pero también a sus nietos.

“Poniámos carteles por si alguien había visto a nuestros nietos, pero no teníamos fotos.”,

explicaba Estela de Carlotto, candidata al Premio Nobel de la Paz en 2018, el año pasado durante un encuentro del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y del Banco Nacional de Datos Genéticos.

“¿Servirá la sangre de las abuelas para determinar la identidad de alguien?”, preguntaron a distintos científicos en varios países. Hasta que en 1982, en Estados Unidos, les dijeron “vamos a investigarlo”. Ahora el Equipo Argentino de Antropología Forense es un ejemplo a nivel mundial en defensa de los Derechos Humanos. Entre otros casos, su labor sirvió para determinar que la versión oficial del Gobierno Mexicano de Enrique Peña Nieto sobre la tragedia de Ayotzinapa en la que desaparecieron 43 estudiantes no era verdad.

El presidente argentino Mauricio Macri ha recibido duras críticas por parte de los colectivos que velan por la Memoria Histórica. Las máximas exponentes de la lucha: la titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, la titular de Madres Línea Fundadora Nora Cortiñas y la titular de Abuelas Estela de Carlotto manifestaron su repudio a la falta de apoyo a las políticas de derechos humanos de este gobierno.

Este noviembre de 2019 se celebran la elecciones generales en Argeninta. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo defiende que la investigación y juicio de los crímenes de Estado durante la dictadura debe posicionarse como un tema principal de la campaña. El 21 de marzo este colectivo presentó un anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y la Justicia cuyo objetivo es institucionalizar algunas de las conquistas en Derechos Humanos y revertir medidas regresivas.

Entre los ejes del proyecto se encuentran la educación para la memoria, la prevención del negacionismo, la preservación de archivos y otros materiales documentales, difusión pública dirigidas a la búsqueda de hijos e hijas desaparecidos durante el cautiverio de sus madres y la aceleración de las causas en curso con prioridad de investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad.