"Esperé 43 años para hablar"

Olga Beatriz se pone a llorar cuando dice que no puede reponderle nada a su hijo cuando le pregunta por su padre, es decir, por su abuelo. ¿Quién fue? ¿Qué hizo él para que un día lo secuestraran y nunca más lo volvieran a ver? ¿Para que se desmembrara la familia y cada hermana, por ser chiquitas, fuera enviada a una casa de familia diferente a servir como interna?

Es septiembre de 2019 y en un juzgado ordinario de la provincia de Buenos Aires se juzgan algunos de los crímenes sucedidos durante la dictadura de los años 70 en Argentina. Concretamente los vinculados con fábricas químicas de la zona de Zárate y Campana. En la sala de la audiencia además de jueces, abogados y fiscales hay familiares de la víctimas, hay vecinos, hay una clase de la Facultad de Derecho.

Después de su hermana mayor que apenas podía hablar porque las lágrimas le atragantan la garganta, le quebraban la voz, cuenta lo que recuerda. Tenía 12 años.

"En medio de la noche unos hombres entraron en la casa y le dijeron que les trajera una chaqueta para su papá, que se tenía que ir un momento para hacer un reconocimiento a una persona y ahora volvía." Iban vestidos de civil, ella pensó que eran compañeros de la fábrica de su papá.

Luego dice que su hermana mayor, una que no ha podido declarar por tener esquizofrenia, dijo que aquellos hombres tenían botas militares. Nunca más se supo de su padre.

Después entró en la sala Marta Berra, hija de Francisco Berra, también trabajador de la fábrica y desaparecido en 1977. Él había sido delegado gremial de la comisión interna. Antes de que comenzara la dictadura, por ser molesto en los pedidos de mejoras laborales, le habían ofrecido ascensos dentro de la empresa. Los rechazó. También le habían ofrecido mucho dinero.

Parecía inamovible hasta que en 1976 lo secuestraron durante dos días. Lo torturaron, lo forzaron a abandonar los pedidos que tenían en curso en la fábrica. Unos meses después deja su puesto de trabajo en la fábrica. Un año más tarde, tras de una discusión con uno de los gerentes de la fábrica, bajó un momento al coche y nunca volvió. El Renault 12 desapareció con él.

Simultaneamente a este hecho, muchos otros se estaban sucediendo a lo largo de toda la Argentina. Las cifras no se saben con exactitud porque muchos nunca denunciaron pero se estiman unos 30.000 casos de personas desaparecidas. La testigo relata unos diez o doce desapariciones similares en todo el barrio. Desaparecidos en cada cuadra. Algunos hablaban entre ellos, otros no. Todos habían oído rumores, comentarios, sobre el Área 400. Por lo visto un lugar de la Inteligencia del Ejército en la zona, un lugar donde no se podía pasar.

Imaginense, por lo tanto, el terror. El miedo te hace parar, evaluar de nuevo la situación y seguir. El terror, por el contrario, genera parálisis. El terror es una amenaza que no podemos identificar, y por lo tanto, no tenemos herramientas para enfrentarlo. El genocidio rompe con la territorialidad social a través del terror y provoca que la gente se meta en casa, no pregunte, no hable.

Lo que se construye durante la institución del terror es la sociedad posgenocida. Es lo que somos hoy. Somos el proyecto de sociedad resultado de las actuaciones aleccionadoras del Estado: la construcción de sentido social, la identidad bajo los patrones generales del opresor, la Historia con grandes silencios, el pensamiento crítico decapitado. Se gestó la base para las generaciones futuras. No es casual que en España estemos como estamos en 2019, sin entendernos políticamente y socialmente, digo.

Entra otro testigo en la sala, un hombre de unos sesenta años, trabajador de la fábrica desde 1978 hasta este mismo año. Mientras hacía el servicio militar contó como había visto entrar y salir coches civiles a todas las horas del día y de la noche en el Área 400. También recuerda como se paseaban camionetas militares a muy baja velocidad dentro de la fábrica: "como vigilando".

Decía que era muy común ver militares en cualquier lugar. "Te podían pedir el documento, registrarte, tenían unas tablillas donde comprobaban los nombres". Se decía, según él, que el peor militar de la zona era Zapata. "Si te agarraba él sin documentación ibas directo a comisaria".

Al final del juicio uno de los abogados de la querella particular propuso que el nombre de aquel tal Zapata se investigase y el caso pasase a un juzgado de instrucción. Ninguna de las partes presentó objecciones y el tribunal aceptó la petición abriéndose un nuevo proceso.

Zárate por aquel entonces, un poco antes del Golpe de Estado de 1976, en la democracia que celebraba la vuelta de Perón a la Argentina, era un lugar con muchísimo trabajo. "Podías elegir", contaba Marta Berras. Ella, al igual que su padre, también era trabajadora de un fábrica química (trabajaba para Monsanto). Tenía 22 años y era delegada de su sindicato. Había pertenecido a las juventudes peronistas y en ese momento, al igual que su padre pertencían al Partido Peronista Auténtico. Había una unión especial entre esos obreros fabriles y los estudiantes de la recién estrenada Universidad Tecnológica Nacional.

Estaba hablando mucho, contando todo con todo lujo de detalles. La de Marta fue la exposición más larga. Y cuando el juez presidente del tribunal hizo el amago de despedirle y darle las gracias por su intervención ella dijo: "Déjeme terminar, esperé 43 años para hablar".

La Audiencia comenzó con un listado de testigos e imputados fallecidos. Unos ocho o diez en total. Pruebas muertas y castigos impunes. Consecuencias de que estos juicios se estén celebrando tantos años después son estas. Pero también, según lo que nos contaba la fiscal responsable del caso, 40 años de distancia dan lugar a una justicia más objetiva, a jueces y fiscales educados en Derechos Humanos que garanticen buenas investigaciones de los casos.

Aunque eso sí, como siempre, se quedan por fuera los flecos del capitalismo: las empresas que salieron tan beneficiadas economicamente de estas desapariciones, de estos recortes de derechos laborales y políticos.

Y claro, yo en estas situaciones siempre pienso en España, donde no han pasado 40 años, sino 80 desde que empezaron esas violaciones a los Derechos Humanos. Donde nos despojaron de parte de la Historia, donde mis padres fueron educados por el franquismo y de forma involuntaria adquiereron sus valores, donde los que nacimos después de Franco no sabemos casi nada de qué paso, de cómo era. Ni del Pacto del Olvido, ni del hecho que es imposible parar la maquinaria de una dictadura después de tantos años así como así en 1975. Nos tuvimos que creer el cuento de la Transición Española.

¿Qué le vamos a contar a los hijos de nuestro futuro? Los intelectuales fueron exiliados o asesinados y en España reina aún a día de hoy el no hables, no preguntes, no te metas en política niña. Y por eso tenemos políticos ineptos que hablan de tonterias para que les odiemos y nos demos el lujo de pensar que somos "apolíticos".

La grieta que le ha salido a la clase social franquista, la Querella Argentina en la que más de 300 personas han interpuesto denuncias contra los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista que no prescriben, está siendo bloqueada y entorpecida por el Estado Español.