"Aborto legal para no morir"
- Beatriz Hernánpino
- 27 mar 2018
- 9 Min. de lectura
Que en un país abortar sea ilegal no quiere decir que no se aborte. En Argentina se estiman casi medio millón de abortos por año, y sus posibles complicaciones son la principal causa de muerte materna en el país. Ahora, en el contexto mundial que está generando el feminismo, en Argentina irrumpe entre vítores e indignaciones, el proyecto de ley sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
El debate para la legalización del aborto en Argentina llega este año al Congreso tras seis intentos fallidos a sus espaldas. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), presentado a comienzos de marzo por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, lucha desde 2007 por el acceso legal, seguro y gratuito al aborto. Será discutido a partir del 20 de marzo bajo el histórico lema: “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.
Se estiman en 450.000 los abortos practicados al año en Argentina, una cifra difícil contabilizar por tratarse de prácticas clandestinas, según aclara el informe de Amnistía Internacional Argentina de 2017 que lo recoge. Es más, que lo considera una “deuda pendiente”. El Ministerio de Salud esclarece que es la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes [con un 17%] según los datos oficiales publicados en 2016. Es decir: de 245 muertes maternas, 43 fueron a causa de complicaciones en abortos. Mario Sebastiani, médico y autor del libro “Aborto seguro y legal”, asegura que hay mujeres que ingresan en hospitales víctimas de abortos mal practicados que mueren por causas que no son tipificadas como tal. Los datos pueden ser “trampeados” por las instituciones, “es una decisión del médico vincular la muerte con un aborto clandestino”.
El último estudio en el que Amnistía Internacional analiza la opinión pública argentina en marzo de 2018, se refleja que el aborto es una realidad cercana e impactante. Casi cinco de cada diez entrevistados, hombres y mujeres adultos de todos los ámbitos socioeconómicos, dice conocer a alguien que haya interrumpido voluntariamente un embarazo.
El “Pañuelazo” fue el detonante de que Mauricio Macri, presidente argentino, anunciase a los legisladores el traslado del debate de la cuestión al Congreso de la Nación. La marcha masiva del 19 de febrero, una marea de pañuelos verdes insignia a favor del aborto, colocó de nuevo el tema en agenda. La multitudinaria manifestación feminista de repercusión mundial del 8 de marzo lo reafirmó.
Las posturas del Congreso no son unánimes, tanto del lado del Gobierno de Cambiemos como en el de la oposición. Habrá “libertad de acción” para los legisladores con respecto a sus formaciones políticas, explicaba Macri durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso a principios de este mes (marzo 2018). Sin embargo, el presidente recalcó que personalmente está “a favor de la vida”, pero que espera que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. Hasta la Iglesia ha reclamado un debate “sincero y profundo”, a través de la Conferencia Episcopal Argentina.
Paralelamente a la ley que legalizaría la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), al día siguiente, 18 diputados presentaron la Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer.
“El niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna. La garantía de este derecho en su máxima extensión es una obligación primordial del Estado en todos sus niveles y en todas las situaciones que se pudieran presentar” se explica en el artículo 3. Además, añade que deben ser garantizados los derechos de la madre con una asignación especial en caso de violación, asistencia médica integral, “a no ser presionada por el medio externo para abortar” y el derecho a una Asignación Universal por Hijo por Nacer. Un subsidio que recibe la mujer desde el inicio del embarazo, y que fue el “gesto coherente” tomado por la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante su reiterada oposición a la legalización del aborto durante sus dos mandatos.
En noviembre de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio varias recomendaciones a Argentina. El informe, que indudablemente habla sobre el aborto, invita al país a “crear las leyes necesarias que permitan a las mujeres acceder a servicios completos de salud reproductiva, incluida la educación sexual integral, la planificación familiar, prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, segura, el aborto legal y la atención post-aborto”.
LA DESPENALIZACIÓN NO OBLIGA A ABORTAR
“Desde hace tiempo, estoy convencida de que el aborto debe abordarse como una problemática de salud pública, evitando criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo y que se ven obligadas a realizarlo en condiciones inseguras e insalubres, poniendo en riesgo su vida y su salud.” aclara Samanta Acerenza, diputada de Cambiemos, el partido del Gobierno, que apoya la ley en su crónica de la Revista Anfibia. Por eso, Acerenza aleja el debate de puntos morales, filosóficos y personales. E insiste que la despenalización del aborto no obliga a abortar, sino que legaliza y brinda seguridad a quien decide hacerlo, evitando situaciones de clandestinidad que causan la muerte a miles de mujeres.
El ex ministro de Educación, hoy en día senador, Esteban Bullrich alude a la posible inconstitucionalidad de la ley que despenalizaría el aborto. “La Constitución Argentina establece que la vida es desde la concepción; la ciencia demuestra que hay un cuerpo, el Estado también lo hace, al pagar un subsidio a una mujer embarazada”, aclara Bullrich.
La Convención sobre los Derechos del Niño considera niño a “toda persona desde el nacimiento hasta los 18 años”. Sin embargo, en su adhesión a la convención, Argentina hizo una reserva ante dicho artículo matizando que se considerará niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Una idea que también está incluida en el Código Civil. “El ordenamiento jurídico argentino ha tomado la posición por la existencia de la vida desde la concepción” señala Felix Lonigro, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por ahora, según señala una exhaustiva encuesta realizada por la agrupación Economía femini(s)ta, el voto en contra de la despenalización del aborto es mayoría. En la calle, las chicas que acuden a un encuentro de la activista en pro del aborto, Cecilia Checha Merchán, también son pesimistas al respecto “aunque las redes sociales estén ardiendo”. El reciente informe publicado este mes (marzo de 2018) por Amnistía Internacional Argentina y Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), desvela que el 59% de la población argentina estaría a favor de la despenalización del aborto
ABORTAR NO ES DEL TODO “ILEGAL”
El Código Penal en el Capítulo I “Delitos contra la vida”, penaliza “a todo aquel que realice un aborto con prisión de uno a cuatro años, y de seis años en caso de que se produjese la muerte de la mujer”. Estas condenas están dirigidas a médicos, farmacéuticos o todas aquellas personas que “que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo” y no para las mujeres que abortan.
Esta ley es vagamente aplicada, apenas hay condenas y denuncias sobre ella. Por lo que el asunto se convierte más en un tema filosófico-moral que práctico. Sin embargo, en algunas sonadas ocasiones recae contra la mujer. Así fue el caso de Belén en la provincia de Tucumán, que conmocionó a Argentina y al mundo, cuando fue condenada a 8 años de prisión al ser denunciada por el mismo hospital al que acudió por un “homicidio agravado por el vínculo”. Finalmente fue liberada tras dos años y medio en la cárcel por irregularidades en su detención.
La legislación actual sobre el aborto, aprobada y vigente desde 1921, a su vez, exime de esta pena en los casos en los que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo se ha producido a raíz de una violación o “si proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
En 2012, la Corte Suprema se pronuncia con el fallo “F.A.L” , en el que se resuelve que las mujeres violadas, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial ni temor a sufrir una posterior sanción penal. También se exime de castigo al médico que practique la intervención. Para ello sólo sería necesaria una declaración jurada que deje constancia del delito del que fue víctima la persona que quiera interrumpir el embarazo.
En 2015 que el Ministerio de Salud de a Nación desarrolla el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE). En él se retoman las ideas del “F.A.L.” de 2012 y agrega consideraciones físicas, psíquicas y sociales a ser tomadas en cuenta a la hora de abortar legalmente, y aclara que el peligro de la salud mujer “puede ser potencial”. Las organizaciones feministas y pro Derechos Humanos que están trabajando al respecto (Amnistía Internacional, FUSA AC, Católicas por el Derecho a Decidir, Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Fundación Huesped en septiembre de 2017) recuerdan que lo preocupante es que no es efectivo en más de la mitad del país porque no se han establecido mecanismos prácticos para hacerlo posible.
Apenas 9 de las 25 jurisdicciones realizan abortos que el Protocolo ILE contempla, según el grupo de organizaciones antes referido. Otras siete, entre las que se incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con requisitos que dificultan el acceso al aborto seguro y, los ocho restantes, directamente no cuentan con normas locales ni medidas que respalden en ninguna medida el protocolo.
Aunque sin duda, lo más preocupante es la falta de acceso a la información. “Cuando una mujer acude a su médico normalmente no es aconsejada con el abanico de opciones que realmente tiene. Hay un discurso hegemónico de los médicos. No se da el aborto como opción, en algunos casos por miedo, en otros por creencias. Algunos tienen miedo a recetar Misoprostol [medicamento abortivo], o no informan de que existe.” explica Cecilia “Checha” Merchan, exdiputada del Congreso y actual parlamentaria del órgano de gobierno de Mercosur para CTXT.
Josefina, es estudiante de obstetricia de la UBA y reclama que en la universidad no les están educando entorno al aborto, “todo lo contrario”, remarca. “Es más, paradójicamente, la formación obstétrica es patriarcal y violenta con las mujeres”, explica la joven para CTXT. Además denuncia la falta de estudio de los casos particulares de cada mujer y que en el ámbito académico para el profesorado “abortar nunca sea una opción”. Los profesores que sí están a favor de la liberalización del aborto son una absoluta minoría y están relegados a asignaturas optativas.
¿OPCIONES?
Que en un país la interrupción voluntaria del embarazo sea ilegal no quiere decir que no se practique. No nos engañemos. La OMS, en un reciente estudio publicado en The Lancet, estima en unos 25 millones de abortos realizados cada año de forma insegura, lo que produce alrededor de 47.000 muertes de mujeres en todo el mundo. La mayoría de abortos peligrosos [el 97%] se produjo en países de África, Asia y América Latina, añade el informe. En los países donde al aborto está completamente prohibido o se permite solo para salvar la vida de la mujer o preservar su salud física, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro [este es el caso de Argentina]. Restringir el acceso al aborto, resalta la OMS, no reduce el número de abortos. Por ejemplo, en países de Europa occidental o Norteamérica las tasas de abortos son las más bajas. En España [donde el aborto está legalizado desde 2010], un país similar a Argentina en número de habitantes, se produjeron algo menos de 94.000 abortos en el año 2016, según datos del Ministerio de Sanidad español. En Argentina, como ya dijimos anteriormente, se estiman en unos 450.000.
Nadie asegura nada, pero por la calle se oye que abortar en clínicas privadas de forma clandestina en Argentina suele costar unos 25 o 30 mil pesos [unos 1.000€], una cifra nada desdeñable para según qué sector socioeconómico. Habitualmente para estas intervenciones se utilizan métodos quirúrgicos, lo que sin duda conlleva muchos riesgos dependiendo la salubridad del lugar donde se lleve a cabo. Sin embargo, desde hace unos años hay una alternativa más económica. Se llama Misoprostol, y es un medicamento abortivo [que también tiene otras aplicaciones] que puede ser usado “en casa” hasta la 12ª semana de embarazo mediante contracciones en el útero.
“El Misoporstol nos cambió a todas. Dejamos de tener miedo de caer o de que otras caigan en hospitales clandestinos” decía Cecilia “Checha” Merchán. Mientras otras compañeras de agrupaciones feministas en pro de la despenalización del aborto ojeaban el Manual Para Abortar Con Pastillas de “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”.
Monica Macha, actualmente es diputada y pertenece a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En 1999 comenzó en Morón [una población de la provincia de Buenos Aires] una consejería de embarazos no planificados, una iniciativa que se trasladó a otros puntos del país por distintos colectivos de mujeres. Crearon una serie de redes clandestinas, presenciales o por teléfono, que protegían y acompañaban a las mujeres que querían abortar hasta la última ecografía que lo confirmase. “Llegamos a las cero muertes por abortos en Morón. Ahora, desde que está Macri llevamos tres ya” denunciaba consternada Macha para CTXT.
Desde que Macri está en el poder el precio del Misoprostol ha subido un 400%, hasta los 2000$ [unos 80€], aseguran algunas agrupaciones como La Colectiva, Máximo Paz, Aquelarre, Mujeres en Red o Frente de mujeres Movimiento Evita, entre otras. También hablan de que algunas farmacias se niegan a vender el medicamento incluso con receta o que exageran los precios para que sea imposible comprarlo. Para ellas, como feministas, con la situación de ilegalidad del aborto que se vive ahora mismo en Argentina se impone un mandato estatal y patriarcal sobre la maternidad y los cuidados.
PUBLICADO EN EL MEDIO ESPAÑOL CTXT: http://ctxt.es/es/20180328/Politica/18683/aborto-argentina-debate-Congreso-mujeres-muertes.htm
Kommentit